La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Honduras por múltiples violaciones a los derechos de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos, asentada históricamente en el archipiélago del mismo nombre. En su sentencia, el tribunal determinó que el Estado incumplió su deber de garantizar la propiedad colectiva, la participación y el acceso a la información, así como la identidad cultural, la alimentación y la integridad personal de sus integrantes.

El caso se originó a partir de la declaratoria y gestión del área como espacio natural protegido, incluida la creación y ampliación del Monumento Natural Marino y la adopción de planes de manejo, sin que se realizara una consulta previa, libre e informada. Aunque la comunidad obtuvo títulos de dominio pleno sobre sus cayos entre 2006 y 2007, la Corte concluyó que ello no fue suficiente para asegurar el uso y goce efectivo de su territorio y de los recursos marinos de los que depende su subsistencia.

El tribunal subrayó que el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales abarca no solo la tierra, sino también el hábitat funcional, incluidos los espacios marítimos tradicionalmente utilizados para la pesca artesanal. En este caso, las restricciones al acceso a los recursos y la autorización de actividades turísticas y televisivas sin participación comunitaria impactaron directamente en la vida cultural y económica del pueblo garífuna.

La sentencia también tomó en cuenta denuncias de amenazas y agresiones contra miembros de la comunidad, así como la falta de avances efectivos en las investigaciones. Para la Corte, el conjunto de omisiones estatales generó un entorno de inseguridad y hostigamiento incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por Honduras en materia de derechos humanos.