Un reciente informe de Cristosal documenta 67 hechos de violencia política en Honduras ocurridos entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025. La investigación evidencia asesinatos, atentados, secuestros, acoso, criminalización, violencia de género y manipulación judicial durante el proceso electoral, mostrando que estos hechos no son incidentes aislados, sino una estrategia para limitar la participación política.

Los ataques afectaron a personas de distintos partidos, tanto de oposición como oficialismo, lo que indica que la violencia busca restringir la participación ciudadana en general, más allá de la afiliación política. El estudio también revela diferencias de género: mientras los hombres enfrentan los actos de mayor letalidad, las mujeres son víctimas frecuentes de acoso, violencia de género y criminalización, reproduciendo desigualdades históricas en el acceso a espacios de poder.

Aunque el departamento de Francisco Morazán concentra la mayor cantidad de incidentes, los hechos más graves se registraron en Santa Bárbara, Yoro y Colón. Esto demuestra que la violencia política no se limita a las ciudades, sino que afecta tanto zonas urbanas como rurales y territorios históricamente marginados.

El informe critica la débil respuesta institucional: el Ministerio Público ha mostrado pocos avances en la judicialización de los casos, y se registran irregularidades en la actuación de las Fuerzas Armadas, aumentando los riesgos durante el proceso electoral. Cristosal hace un llamado a las autoridades para investigar eficazmente, proteger a quienes ejercen derechos políticos y garantizar elecciones libres de violencia.

Finalmente, la organización enfatiza que documentar la violencia política es clave para prevenir agresiones futuras y construir verdad, memoria y justicia para las víctimas. Cristosal reafirma su compromiso con las comunidades que resisten y con un futuro en el que sea posible participar en política en Honduras sin miedo ni amenazas.