La corte de apelaciones de Estados Unidos ha autorizado al gobierno federal a avanzar en la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal, pese a las recientes gestiones diplomáticas entre ambos países centradas en cooperación económica y comercio.
Esta decisión judicial no solo altera las expectativas generadas tras el encuentro entre el presidente hondureño Nasry Asfura y su homólogo Donald Trump en la residencia Mar-a-Lago, sino que sitúa a más de 80,000 personas bajo un escenario de incertidumbre legal y social, marcando un punto de inflexión para miles de familias hondureñas residentes en Estados Unidos.
La sentencia del tribunal del Noveno Circuito, emitida el 9 de febrero de 2026, revoca la protección migratoria inmediata que había dispuesto previamente un juez de distrito y establece que el gobierno estadounidense puede ejecutar la cancelación del TPS mientras se resuelve la apelación en instancias superiores.
Como resultado, advierte la corte, miles de hondureños, nicaragüenses y nepalíes podrían perder la autorización para residir y trabajar legalmente en el país norteamericano, al quedar “la protección temporal sin aplicación para más de 80,000 personas”.
La corte fundamentó su veredicto al considerar que el gobierno ha reunido “criterios razonables para concluir que las condiciones en los países afectados —entre ellos Honduras— han mejorado lo suficiente como para poner fin al programa”.
Además, según el fallo, la administración de Trump habría acreditado el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos, argumento que fue disputado en instancias previas.
En cambio, el magistrado de distrito que bloqueó temporalmente la decisión había señalado que el Departamento de Seguridad Nacional podría no haber ajustado completamente su actuación a las normas y alertó sobre posibles motivaciones discriminatorias detrás del cese de este amparo migratorio.
La administración de Trump insiste en que el TPS no puede prolongarse indefinidamente y sostiene que las causas que motivaron su instauración han dejado de existir, las próximas etapas judiciales y diplomáticas definirán el futuro de un asunto que concentra la atención en ambos países.
El Gobierno de Honduras manifestó su preocupación y desacuerdo calificándola como una resolución procesal que no constituye un fallo definitivo.El comunicado oficial subraya que la continuidad del litigio podría llevar el caso hasta la Corte Suprema.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, la vía jurídica permanece abierta, por lo que, según las autoridades hondureñas, aún no existe un desenlace irrevocable.
La Cancillería lamentó de forma expresa la decisión del gobierno estadounidense de mantener la cancelación del TPS para los hondureños, después de haberse presentado argumentos a favor de la permanencia del beneficio.
Además, se resaltó que quienes han recibido este estatus han actuado bajo “estrictos controles y auditorías federales,” cumpliendo en todo momento los requerimientos legales.
“El hecho de que los tepesianos hayan permanecido durante años dentro del sistema es prueba irrefutable de una conducta legal intachable”, sostiene el texto difundido por el ejecutivo hondureño.
El Gobierno de Honduras reiteró que continuará atento al desarrollo del proceso ante las autoridades judiciales estadounidenses, manteniendo el compromiso de defender los derechos y la dignidad de los migrantes hondureños amparados por el TPS
Con información de Infobae.
