La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (Segob) respondió enérgicamente al reciente informe publicado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el cual señala la existencia de una red de corrupción en esa institución durante los años 2022 y 2023.

Dicha institución calificó el documento como “distorsionado y erróneo”, y cuestionó la imparcialidad del CNA, al considerar que el informe obedece a “intereses meramente políticos” que buscan confundir a la ciudadanía.

Según la versión de la Secretaría, ya desde 2023 se habrían iniciado procesos de auditoría interna para abordar irregularidades dejadas por gestiones anteriores.

La institución afirmó haber cancelado contratos con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que presentaban inconsistencias, además de haber separado del cargo a la exgerente administrativa y a todo el personal presuntamente involucrado en anomalías.

En cuanto a la delegación de firma a la entonces subsecretaria administrativa, Ana Pinto Dubón, la Secretaría argumentó que dicha acción estuvo amparada legalmente bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, dada la carga de funciones del titular de la institución.

Asimismo, aclaró que las ONG cuestionadas ya fueron remitidas desde febrero de 2024 al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ente competente para investigar el uso de fondos públicos y realizar auditorías independientes.

Finalmente, se negó categóricamente que el ministro Tomás Vaquero haya transferido la facultad de elegir ONG a diputados del Congreso Nacional, como indica el informe del CNA.